Los Retos del Nuevo Congreso
Los Retos del Nuevo Congreso
Existe una amplia distancia entre las necesidades de las y los sonorenses y los resultados obtenidos por la pasada legislatura Congreso de Sonora.
Desde un lejano 2018 hasta ahora, no tuvimos respuesta en asuntos ya legislados con éxito en otros Estados del país como el del matrimonio igualitario, la ley olimpia, la “ley anti-chatarra”, el derecho a la interrupción del embarazo, entre muchas otras que son básicas en materia de principios de igualdad y no discriminación o de derechos humanos en general.
Dando vuelta de página, la pasada legislatura queda plasmada como la más gris y menos capaz de la historia; con la improvisación, complicidad y la omisión como sello distintivo. En ese tenor, están cimentadas las bases para que esta nueva Legislatura de Sonora instalada la semana pasada, haga historia pero por ser una de las más importantes en los últimos tiempos.
No solo porque la pasada legislatura dejó las expectativas de la ciudadanía por los suelos, con sus traiciones, acuerdos en lo oscuro y cambios de parecer de último momento a la hora de dictámenes importantes, sino porque este nuevo Congreso es el primero integrado por más mujeres que hombres: 19 damas y 14 varones para ser precisos.
Esto nos hace pensar que cuando menos, la prioridad de la agenda legislativa se inclinará en favor de reformas en temas de derechos de la mujer, la familia y una visión más amplia de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Así mismo, será la primera legislatura en muchos años que cuente con una mayoría calificada favorable al gobernador electo.
Desde la bancada de la Cuarta Transformación se construye desde ahora una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que servirá no solo para agilizar el trabajo legislativo, al reformar la conformación de las comisiones de trabajo existentes, sino que parte también pretende dar respuesta a la propuesta del gobernador de reducir, cuando menos a la mitad, el presupuesto asignado al Congreso del Estado, considerando entre los cinco más costosos de México.
Los 33 legisladores que integran la legislatura cuestan al año cerca de 900 millones de pesos, casi lo que cuesta la Universidad de Sonora. De aprobarse, sería el primer acierto histórico de esta bancada.
Para lograr la mayoría calificada, Morena contará con Paloma María Terán Villalobos, diputada plurinominal del PES que podría sumar su voto, “el 22” para lograr las reformas legales de gran calado.
Otro factor a considerar es que ahora vemos muchos perfiles experimentados en el ámbito de la política y el servicio público. A la legislatura pasada llegó mucho improvisado que dejó el tsunami electoral de Morena, que en su momento no supo ni cómo terminó en la curul.
Ahora veremos a perfiles de la talla de Jacobo Mendoza, el ex dirigente estatal del partido de AMLO y quien presidirá la Mesa Directiva. Jacobo Mendoza será el puente de comunicación directa con el gobernador Alfonso Durazo; es precisamente Jacobo Mendoza quien trae propuestas de gran calado al inicio como la ya mencionada reforma a la Ley Orgánica y de austeridad.
También veremos de nueva cuenta a Ernestina Castro Valenzuela de Cajeme quien le entró al quite a temas como el juicio político de la alcaldesa Rosario Quintero a pesar de que se trataba de una administración proveniente de un partido de coalición con Morena.
Castro Valenzuela priorizó en la praxis los valores de la cuarta transformación al considerar que debía castigarse cualquier administración acusada por corrupción, el robo y la mentira; apoyó las causas de los navojoenses aunque al final sus compañeros de bancada terminaron por darle la espalda a la hora de declarar ingobernabilidad en la Perla del Mayo.
De los cuatro diputados del PAN, dos ya han tenido experiencia previa en otras legislaturas: José Armando Gutiérrez Jiménez y Alejandra López Noriega, esta última suma tres legislaturas locales y una diputación federal; María Sagrario Montaño y Ernesto ‘Kiko’ Munro, ex alcalde de Puerto Peñasco.
Por otro lado, el PRI cuenta con dos perfiles con experiencia legislativa y otros con experiencia directa en el servicio público: Ernesto de Lucas Hopkins, el actual dirigente estatal del tricolor que será el coordinador parlamentario; Natalia Rivera Grijalva, Ely Sallard Hernández y Karina Teresita Zárate Félix.
Matrimonio igualitario, prioridad para esta legislatura
Las Diputadas y Diputados que ya se van no fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer realidad la iniciativa de matrimonios igualitarios en Sonora, ¿por qué no fue posible?, simple y sencillamente porque no pudieron ponerse de acuerdo.
Recientemente, trascendió que en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito se emitió una sentencia de Amparo que vincula directamente al Congreso del Estado, pues le ordena la actualización del Código de Familia a un criterio de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se privilegian los principios de le equidad y la no discriminación.
En nuestro Estado los códigos locales sólo admiten el matrimonio como la “unión entre un hombre y una mujer”, las parejas de homosexuales han logrado legalizar su vida en pareja luego de acudir a un Juzgado de Distrito (o federal) que les otorga la protección de la justicia federal para que un Oficial local del registro Civil les expida una acta de matrimonio. Proceso costoso y tardado.
Otros más, tienen que ir a un Estado donde sí sea legal el matrimonio igualitario. Lo importante de la sentencia emitida por el Juzgado tercero de Distrito con fecha del viernes 30 de Julio, es que ordena a los titulares de los podres Ejecutivo y Legislativo para que hagan las reformas a sus códigos y se reconozcan legalmente las uniones de personas del mismo sexo.
Ante esto, el gobierno de Sonora promovió desde el pasado 19 de agosto una impugnación contra dicha sentencia. De acuerdo con el documento de impugnación, promovida por la Consejería Jurídica del Estado, el gobierno encabezado por Claudia Pavlovich, solicitó revocar la sentencia y en su lugar “dictar otra en la que se niegue a las quejosas el amparo”.
Incluso, precisó que este proceso legislativo deberá realizarse en el período de sesiones que se encuentre en curso “o a más tardar en el siguiente periodo ordinario”. Lo que convierte este asunto en tema prioritario para el congreso entrante.
Con la actual impugnación el proceso podría alargarse hasta un año más, sin obtener respuesta pero el Ejecutivo en turno puede presentar una desestimación a la impugnación. En rueda de prensa con el gobernador electo Alfonso Durazo, la compañera Solangel Ochoa preguntó al mandatario estatal si desestimará la impugnación, a lo que el Gobernador electo respondió que no desestimará la impugnación, lo que nos hace pensar que será la nueva legislatura la que retome el tema y para que no se siga solicitando de manera personal y se convierta ya en un derecho general.
Esperemos que exista la voluntad política de impulsar esta agenda ahora que Morena y aliados son mayoría. Sería uno de los primeros aciertos de la nueva legislatura.
