Revocación de mandato: ¿ejercicio democrático o perversión de la democracia?
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Por Solangel Ochoa
Será el próximo diez de abril del presente año cuando se lleve a cabo por primera vez en el país el proceso de revocación de mandato. De acuerdo con la Ley General de Revocación de Mandato éste es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Para analizar esta figura, así como su implementación en el país es conveniente resaltar dos panoramas. Por un lado, verlo como un mecanismo que enriquece nuestro incipiente sistema democrático y por otra parte, valorar el uso ventajoso de este referéndum con fines políticos en miras a los procesos electorales venideros.
Los regímenes democráticos presidencialistas en Latinoamérica (Latam) han adoptado la revocación de mandato como una solución institucional ante las graves crisis de legitimidad que viven los presidentes elegidos a lo largo de su mandato, debido en gran medida a los largos períodos presidenciales que suponen los sistemas políticos democráticos en Latam.
Pongamos como ejemplo el período de Enrique Peña Nieto, probablemente el caso más representativo que sumió al país en una severa crisis de derechos humanos y que afectó gravemente la legitimidad de Peña y que quedó grabado en la memoria colectiva del país fue el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, atacados por las fuerzas armadas y cuyo paradero aún se desconoce.
Es posible que de haber existido una figura de referéndum durante su mandato este hubiera ofrecido una vía institucional para que la población manifestara su inconformidad por medio del voto popular ante la pérdida de confianza sobre el mandatario. Esto no implica que necesariamente la revocación habría procedido, pero sí nos permite reflexionar cómo la ciudadanía puede actuar en el supuesto de que cuente con la facultad de dejar sin efecto al Poder Ejecutivo como resultado de un proceso de consulta popular.
Dicho lo anterior, podemos considerar que efectivamente la revocación de mandato además de fortalecer el sistema democrático presidencialista otorga a la población el poder de quitar a sus mandatarios la autoridad que una vez le otorgaron y abona a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas de su país.
El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, fue el impulsor de la Ley General de Revocación de Mandato, misma que entró en vigor en septiembre del año pasado, es también el principal promotor de que se lleve a cabo dicho proceso. Si consideramos este contexto resulta imposible no cuestionar el porqué de tanta insistencia y cuáles son los motivos que AMLO persigue.
Para contestar lo anterior es necesario precisar que, si bien la revocación de mandato es un mecanismo de reacción ciudadana ante la descalificación de un mandatario, la implementación de este mismo mecanismo puede conseguir todo lo contrario. Cuando la implementación de la revocación de mandato es impulsada desde el Poder Ejecutivo, lo que este busca no es la revocación sino la “ratificación” de su gobierno y es precisamente este el punto donde se pierde en límite entre una intención y la otra. Así un mecanismo pensado para remover a un gobernante termina siendo utilizado como plebiscito del mismo, lo que deriva en que un mandatario legitime su aceptación popular.
Aunado a lo anterior, la implementación de este mecanismo de manera tan urgente puede implicar el desvío de tres puntos importantes en la agenda pública: el primero, la preocupación pública ante las crisis de salud, seguridad y económica. El segundo, influir en los procesos electorales del presente año (hay elecciones a gobernador en 6 entidades federativas). Por último, y el más alarmante, que este referéndum trate de ocultar una reforma electoral que vaya en detrimento del sistema democrático del país, debilitando al Instituto Nacional Electoral y concentrando el poder en el poder ejecutivo federal, tal como sucedía durante el viejo régimen priísta.
¡Hasta la próxima!
