Gobierno de Trump registra como muertos a miles de migrantes para negarles beneficios

WASHINGTON.- En una medida que ha encendido la polémica a nivel nacional e internacional, el gobierno del expresidente Donald Trump ha comenzado a clasificar a miles de migrantes como fallecidos en bases de datos oficiales de Estados Unidos, según reveló un reportaje del Washington Post.

De acuerdo con el medio, más de 6,000 migrantes fueron incluidos en el archivo federal de defunciones, lo que automáticamente les impide acceder a beneficios sociales, permisos de trabajo y trámites legales migratorios. La acción forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de la política migratoria, impulsada desde el Departamento de Seguridad Nacional bajo el liderazgo de Kristi Noem.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca.

¿Cómo funciona esta política?

La medida está respaldada por dos memorandos internos firmados recientemente, que permiten al Seguro Social registrar como muertos a ciertos migrantes alegando motivos de “seguridad nacional”. Se han identificado dos principales grupos afectados:

  • Migrantes que estaban registrados legalmente en el Seguro Social, pero que perdieron su estatus migratorio.
  • Aquellos que ingresaron a través de programas aprobados durante el gobierno de Joe Biden, cuyos permisos ya expiraron.
Preocupación legal

Dentro del propio Gobierno estadounidense, funcionarios del Seguro Social han expresado dudas sobre la legalidad de incluir personas vivas en bases de datos de defunciones, lo cual podría representar una violación a leyes de privacidad y derechos civiles.

Aún más preocupante es que algunos de los migrantes marcados como fallecidos estarían en la lista de vigilancia terrorista del FBI, aunque no se ofrecieron detalles sobre cargos específicos.

Una estrategia para evitar procesos judiciales

Además de esta política, la administración Trump estaría impulsando el desarrollo de una app móvil que permitiría a migrantes solicitar su propia deportación, así como el traslado de presuntos miembros del crimen organizado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Según la Casa Blanca, esta nueva estrategia busca disuadir la migración sin necesidad de largos procesos judiciales. Sin embargo, expertos legales advierten que la controversia constitucional y humanitaria podría escalar rápidamente en los próximos meses.

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