Imputan a esposa de ex funcionario del CECOP por enriquecimiento ilícito; él se encuentra prófugo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre un nuevo avance en la investigación por corrupción que ha sacudido a la entidad. Este 8 de septiembre de 2025, un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Andrea Fernanda “N”, esposa de un ex funcionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), por su presunta participación en un esquema de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos que supera los 106 millones de pesos.
La mujer ya se encontraba vinculada a proceso por el delito de peculado, sin embargo, durante la audiencia celebrada en Hermosillo se amplió la acción penal al comprobarse su implicación en el ocultamiento y movimiento de dinero proveniente del erario sonorense.
El esquema de corrupción conyugal
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Andrea Fernanda “N” habría colaborado con su esposo —ex administrativo del CECOP y actualmente prófugo de la justicia— en una red de transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025. Estas operaciones permitieron el desvío sistemático de recursos públicos hacia cuentas personales y bienes de lujo.
Entre las adquisiciones más representativas se encuentran una residencia de alta plusvalía valuada en varios millones de pesos, así como la extravagante boda celebrada en 2025 en Los Lagos, que habría sido financiada con dinero desviado.
Bienes asegurados y próximos pasos
Las autoridades aseguraron diversas cuentas bancarias y propiedades ligadas a la pareja, mientras continúan las diligencias para identificar más bienes adquiridos con recursos ilícitos. El monto total del fraude detectado asciende a más de 106 millones de pesos, lo que dimensiona la magnitud del caso.
El juez de control determinó que la imputada deberá permanecer en prisión preventiva justificada, tomando en cuenta la gravedad de los delitos y el riesgo de que pudiera darse a la fuga. La continuación de la audiencia fue fijada para el 12 de septiembre de 2025, donde se resolverá su situación jurídica.
La FGJES aseguró que mantendrá activa la búsqueda del ex funcionario prófugo y reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción y el desvío de recursos públicos, subrayando la importancia de que los responsables enfrenten la justicia.
