Mayos y guarijíos dan ultimátum de tres días
Grupos de la etnia Mayo y de la Tribu Guarijío acordaron unir fuerzas y dieron un ultimátum de tres días para la destitución de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tras meses de tomas y protestas en oficinas regionales. Las movilizaciones se concentran en Etchojoa y San Bernardo, donde las oficinas del INPI permanecen tomadas desde hace semanas.
En una asamblea conjunta, líderes tradicionales como Isidro Gocobachi Valenzuela —autoridad del Gobierno Tribal del Pueblo de Etchojoa— e Indalecio Alcántar Neyoy, coordinador de Consejeros Tribales por la etnia Mayo, firmaron el acuerdo junto a representantes guarijíos, entre ellos Héctor Zaila Enríquez y Aniceto Enríquez Macario. Los dirigentes señalaron que la medida responde a la “falta de atención institucional, la incapacidad de diálogo y, en algunos casos, expresiones de burla” por parte de coordinadores regionales del INPI en Sonora.
Los demandantes pusieron en la mira a Manuel Espinoza Félix y Gelasio Galindo López, coordinadores regionales, así como a Carlos Corral Alday, titular del INPI en Sonora, a quienes responsabilizan de entorpecer los avances del Plan de Justicia que reclama restitución de territorio, acceso al agua y proyectos de desarrollo para las comunidades. “Necesitamos que nos quiten las piedras en el camino, que obstaculizan los avances del Plan de Justicia y nuestras demandas de territorio, agua y desarrollo”, afirmaron los líderes en un comunicado conjunto.
El pronunciamiento fue enviado de forma formal al director nacional del INPI, Adelfo Regino Montes, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para exigir atención inmediata. En el documento, las comunidades exigen la remoción de los funcionarios señalados y piden la instalación de una mesa de diálogo con facultades para acordar soluciones concretas y calendarios de cumplimiento.
Los grupos advierten que, de no obtener respuesta en el plazo fijado, intensificarán sus medidas de presión “con acciones más radicales”, sin detallar cuáles serían éstas. Los dirigentes señalaron que la unidad entre mayos y guarijíos busca dar mayor peso político y social a sus demandas, así como proteger los avances ya logrados en el plantón que mantienen desde mayo pasado en la sede del INPI.
Autoridades federales y regionales aún no han emitido una respuesta pública al ultimátum; no obstante, fuentes locales informaron que la Secretaría correspondiente ya recibió el documento y se analizan canales para atender la solicitud. Mientras tanto, las tomas continúan y la tensión en las comunidades sigue en aumento, con un llamado claro de las organizaciones indígenas: prioridad al diálogo, la restitución de derechos y la materialización del Plan de Justicia.
