Nayarit sancionará bloqueos en protestas sindicales
Nayarit aplicará sanciones a manifestantes por bloqueos en avenidas
El conflicto entre el gobierno de Nayarit y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alcanzó un nuevo punto de tensión, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciara la apertura de dos carpetas de investigación por el delito de obstrucción a las vías de comunicación, tras los bloqueos realizados por trabajadores sindicalizados en Tepic.
De acuerdo con la FGE, se cuenta con evidencia que involucra a por lo menos 200 personas en los hechos ocurridos desde mediados de agosto, cuando el SUTSEM inició un plantón permanente frente al Instituto Laboral Burocrático y el Palacio de Gobierno, exigiendo el reconocimiento legal de su comité ejecutivo y de su secretario general, Óscar Cedano, así como el cumplimiento de resoluciones emitidas por un tribunal federal.
Las autoridades adelantaron que los implicados serán citados ante un Juez de Control, donde se les formularán imputaciones. Además, se solicitarán medidas cautelares que podrían incluir la prohibición de acercarse a las principales vialidades del estado y, en el caso de servidores públicos, la suspensión temporal del cargo o sanciones económicas.
Por su parte, el SUTSEM calificó las acciones como un intento de intimidar a la clase trabajadora, acusando al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de vulnerar derechos sindicales y responsabilizándolo de la seguridad de los manifestantes. En un comunicado, el sindicato afirmó que “en un hecho histórico a nivel nacional, un gobierno morenista amenaza a los trabajadores sindicalizados en respuesta a una manifestación pacífica”.
El conflicto también pone sobre la mesa el debate entre el derecho a la protesta pacífica y el mantenimiento del orden público. La Constitución mexicana y diversos tratados internacionales garantizan la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, siempre que sea pacífica; sin embargo, el Artículo 169 del Código Penal de Nayarit contempla sanciones de hasta dos años de prisión a quien obstruya vías de comunicación, lo que podría aplicarse en casos como este.
Organismos como la ONU-DH han reiterado que la protesta es un derecho humano fundamental, aunque subrayan la necesidad de equilibrar su ejercicio con la seguridad y la movilidad pública.
El caso continúa bajo investigación, mientras el SUTSEM insiste en que su lucha es legítima y amparada por la ley.
