Familiares y colectivos celebran reconocimiento de la SRE, pero rechazan lenguaje militarista en desapariciones forzadas

Familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles celebraron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconociera que las desapariciones vinculadas al crimen organizado son, en efecto, desapariciones forzadas. Consideraron este reconocimiento como un paso importante, pues admite que, aunque los responsables directos sean grupos delincuenciales, el Estado sigue teniendo responsabilidad cuando hay apoyo, autorización o aquiescencia de sus agentes.

“Recibimos con beneplácito esta admisión expresa por parte del gobierno de México”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto, destacando que se trata de un cambio respecto a posturas anteriores en las que se negaba cualquier relación entre el Estado y las desapariciones contemporáneas.

Sin embargo, los colectivos manifestaron su inconformidad con que la SRE utilice el término “combate” al referirse a las acciones contra este delito. Argumentaron que dicho lenguaje es propio de instituciones militares y no debería emplearse para describir tareas civiles como la prevención, investigación o sanción de desapariciones forzadas.

“El uso de la palabra ‘combate’ refleja una visión militarista que distorsiona la seguridad pública y la justicia”, advirtieron, recordando que el enfoque bélico no ha dado resultados, ya que las desapariciones continúan aumentando y la impunidad persiste.

Según datos citados por las organizaciones, durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se registran más de 40 desapariciones por día, lo que evidencia un incremento en este delito. Además, señalaron que solo se han dictado 373 sentencias condenatorias entre 2017 y enero de 2025, frente a las más de 133 mil personas oficialmente desaparecidas en el país.

Los colectivos también reprocharon que la SRE descalifique las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al afirmar que “carecen de sustento y no son admisibles”. Consideraron que los datos y la realidad nacional demuestran lo contrario, y que negar el problema solo aleja al Estado mexicano de una solución efectiva.

Finalmente, las familias insistieron en que el gobierno debería asumir una postura colaborativa con el CED y con organismos internacionales, en lugar de confrontarlos. “Solo a través de la cooperación, la verdad y la justicia será posible atender el dolor de miles de familias mexicanas”, concluyeron.