FGR mantiene vigentes órdenes contra exgobernadores de Nayarit
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que continúan vigentes las órdenes de aprehensión e investigaciones contra los exgobernadores de Nayarit, Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta participación en la venta irregular de terrenos turísticos pertenecientes al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
De acuerdo con la fiscal especializada Cristina Reséndiz Durruti, los procedimientos forman parte del Megaoperativo Nuevo Nayarit, iniciado en 2023 tras la denuncia del FIBBA por presuntas operaciones simuladas en la venta de terrenos en Bahía de Banderas y Compostela, realizadas entre 2005 y 2021, durante los gobiernos priístas de ambos exmandatarios.
Las investigaciones señalan que, bajo la administración de Ney González (2005–2011), se implementó un esquema de desincorporación irregular mediante el cual los terrenos fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor real —en algunos casos, a solo 50 pesos por metro cuadrado— a través de fideicomisos paralelos y contratos simulados que habrían permitido el desvío de recursos públicos.
La FGR mantiene una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol contra González Sánchez, acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido del servicio público.
Por su parte, el exgobernador Roberto Sandoval (2011–2017) continúa bajo investigación federal por haber dado continuidad a las mismas prácticas de venta irregular. Aunque no existe orden de captura federal por este caso, Sandoval permanece preso desde 2021 en el penal de El Rincón, en Tepic, donde cumple una sentencia de siete años por lavado de dinero y falsificación de documentos.
Como resultado del operativo, la FGR ha asegurado 359 cuentas bancarias ligadas a exfuncionarios y empresarios, con un monto superior a 7 mil millones de pesos, además de la recuperación de más de 9.6 millones de metros cuadrados en zonas turísticas como Nuevo Vallarta, Bucerías, Sayulita y Compostela, valuados en más de 50 mil millones de pesos.
El fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano aseguró que las resoluciones judiciales alcanzadas —27 resoluciones contractuales, 9 convenios judiciales y 17 acuerdos reparatorios— constituyen “cosa juzgada”, por lo que no pueden ser impugnadas.
No obstante, personas afectadas cuestionan este criterio y denuncian que aún existen recursos legales pendientes y familias que compraron terrenos de buena fe, por lo que piden al gobierno estatal claridad y reparación del daño económico.
Aunque la FGR ratificó la vigencia de las investigaciones, no anunció nuevas acciones judiciales respecto al caso.
