Organizaciones advierten retroceso en derechos por resolución de la SCJN sobre Ley de Víctimas

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la atención y reparación integral de víctimas, desató una ola de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que la decisión representa un retroceso en materia de derechos humanos.

La resolución, discutida el pasado martes, dejó vigente la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, la cual eliminó el porcentaje obligatorio de presupuesto para medidas de ayuda, asistencia y reparación integral. Aunque el proyecto del ministro Giovanni Figueroa obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, no alcanzó los seis votos necesarios para invalidar la redacción actual del artículo en cuestión.

Tras el fallo, organizaciones como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Fundación para la Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” y califican la decisión como un “grave retroceso” para la garantía de derechos de las víctimas en México.

De acuerdo con el posicionamiento, el máximo tribunal “le ha dado la espalda a las víctimas”, al permitir que se mantenga una norma que consideran regresiva y que previamente ya había sido analizada por la SCJN en una integración anterior. Las organizaciones señalan que la Corte vulneró el principio de progresividad, así como la figura de cosa juzgada, generando incertidumbre jurídica y debilitando los avances logrados en materia de protección a víctimas.

El comunicado subraya que eliminar un presupuesto mínimo afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y no repetición, las cuales –advierten– corren el riesgo de convertirse en simples intenciones sin impacto real.

Asimismo, las organizaciones llamaron a la SCJN a respetar los estándares de derechos humanos y evitar la reapertura de discusiones sobre reformas regresivas. Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión asegurar que cualquier modificación futura involucre a las víctimas y se realice de manera transparente.

También demandaron que las autoridades federales y estatales garanticen recursos suficientes, el funcionamiento adecuado de las instituciones encargadas y el acceso efectivo a la justicia, sin barreras estructurales ni recortes que vulneren los mecanismos de asistencia y reparación.

Finalmente, convocaron a la sociedad civil nacional e internacional a mantenerse vigilante y señalar cualquier retroceso normativo que afecte los derechos de quienes han sido víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.