INEGI informa: al alza corrupción en Sonora durante 2021; Alfonso Durazo: “no somos iguales”
Con el acompañamiento de las y los servidores públicos lograremos reducir la estadística de corrupción en la entidad y podremos decir a las y los sonorenses que no somos iguales a aquellas administraciones que lastimaron a la ciudadanía con actos de corrupción, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, el mandatario estatal destacó que este tema, tan sensible para las y los sonorenses, es de profundo interés de su gobierno, pues en los últimos años se ha incrementado la estadística de este fenómeno en la entidad y comentó que la próxima medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) corresponderá a su primer año de gobierno.
De acuerdo con datos de la ENCIG 2021, 57.1 % de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública.
El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.
“Yo espero que, con su acompañamiento el próximo diciembre estemos celebrando estadísticas que reflejan una anhelado quiebre en ese comportamiento estadístico que muestran o que explica lo que ha sufrido la ciudadanía en administraciones pasadas por el desempeño deshonesto e irregular de las autoridades que han conducido el gobierno del estado. Espero que el próximo año le podamos decir a la ciudadanía con toda autoridad moral: este no es ahora el caso, no somos iguales”, aseguró.
El gobernador Durazo Montaño convocó a servidoras y servidores públicos a hacer causa común para combatir a fondo este problema, desde el espacio de sus responsabilidades, a través de una cultura de la honestidad en el servicio público.
El secretario de la Contraloría General, Guillermo Noriega Esparza, destacó que durante el primer año de gobierno se ha vinculado a proceso a 50 personas por actos de corrupción, entre ellos: cuatro expresidentes municipales; diez servidores públicos estatales y 14 municipales; un oficial del Registro Civil; un policía estatal y seis municipales; un agente del Ministerio Público; un exsecretario; un notario en funciones y un exnotario; tres agentes de la Fiscalía General; y siete particulares.
